La irrealidad de los supuestos de la privatización del sistema previsional chileno

CENDA

La privatización del sistema de pensiones chileno en virtud del decreto-ley núm. 3500, de 1980, en su forma enmendada, se basaba en cuatro premisas esenciales:

1.   El dinamismo y estabilidad del mercado laboral permitiría basar las pensiones de toda la fuerza de trabajo exclusivamente en las contribuciones a la seguridad social, sin compromisos adicionales significativos de parte del Estado;

2.   la competencia entre las administradoras privadas aseguraría un servicio de bajo costo y más eficiente que la administración estatal;

3.   los mercados financieros eran capaces de entregar a largo plazo retornos razonablemente estables y significativos, que permitirían capitalizar las contribuciones a la seguridad social a lo largo de la vida activa en un fondo suficiente para cubrir pensiones decentes y superiores a las que ofrecía el sistema público que vino a reemplazar;

4.   la industria privada de seguros tenía la solvencia suficiente como para que al momento de jubilar los afiliados les traspasaran la propiedad de la totalidad de sus ahorros previsionales, a cambio de la promesa de una pensión vitalicia. 

Las cuatro premisas resultaron falsas. Las dos primeras habían quedado descartadas completamente y la tercera de modo significativo, ya antes del inicio de la crisis mundial, fenómeno que vino a confirmar la falacia de todas ellas.

1) La reforma aprobada el 2006 confirmó que la precariedad del mercado laboral dejaba sin pensiones privadas significativas a dos tercios de la fuerza de trabajo.

El 2006, a proposición del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el Estado chileno aprobó una reforma sustancial del sistema previsional privatizado, la cual en esencia estableció pensiones públicas no contributivas, denominadas pensión solidaria y aporte previsional previsional solidario, las que hoy garantizan una pensión mínima a toda la población y complementan las pensiones privadas hasta un determinado nivel. La propia estimación del gobierno es que el 60% de menores ingresos de la población quedará cubierto por la nueva pensión pública.

En el proceso de discusión que precedió la aprobación de esta reforma, se confirmó que el sistema privatizado de pensiones entregaba pensiones inferiores al mínimo establecido por el propio decreto 3.500 que lo creó, a más de la mitad de los afiliados y que más de dos tercios recibía pensiones muy bajas. Por otra parte, la denominada garantía de pensión mínima establecida en el mismo decreto resultaba ineficaz puesto que los que la necesitaban no cumplían los requisitos exigidos para obtenerla.

Las propias estadísticas del sistema de AFP, las que constituyen su único beneficio indiscutible puesto que permiten seguir mes a mes la situación laboral de cada trabajador individual, demostraron que a lo largo de 25 años, el promedio de contribuciones a la seguridad social ha sido asombrosamente bajo: dos tercios de la fuerza de trabajo cotizaron en promedio menos de un mes de cada dos, la mitad menos de un mes de cada tres, un tercio menos de un mes de cada cinco, y un quinto menos de un mes de cada diez. Sólo el 11% de la fuerza de trabajo cotiza regularmente, todos los meses. De este modo, se confirmó que el mercado laboral es extraordinariamente precario. Ello sumado a los bajísimos salarios promedios resultaba en ahorros insuficientes para solventar siquiera pensiones mínimas para la mayoría de la población. 

2) Las AFP y compañías de seguros relacionadas con la revisión se han embolsado uno de cada tres pesos contribuidos por los afiliados desde los inicios del sistema.

La gestión privada del sistema previsional quedó concentrada en cinco administradoras privadas AFP, cuatro de las cuales concentran el 97% de los afiliados y los fondos. Por otra parte, unas pocas compañías de seguros de las cuales las principales pertenecen a los mismos dueños de las AFP concentra todas las pensiones vitalicias. Las principales AFP como las aseguradoras pertenecen a firmas financieras transacionales con casas matrices europeas y estadounidenses.

De acuerdo a las cifras oficiales de la Superintendencia de Pensiones, el balance global del sistema previsional chileno entre 1981 y diciembre del 2006, previo al inicio de la crisis, las cotizaciones obligatorias efectuadas por los afiliados alcanzaron un total de 27,8 billones de pesos chilenos (aproximadamente 56.000 millones de dólares), mientras en el mismo período las comisiones y primas netas embolsadas por las AFP y compañías de seguros relacionadas suman un total de 9,3 billones de pesos (aproximadamente 18.000 millones de dólares). De este total, 4 billones corresponden a comisiones de administración de las AFP y 5,3 billones a primas de compañías de seguros netas de beneficios pagados (ver cuadro 1 en el anexo).

Es decir, las empresas privadas que administran el sistema se han embolsado directamente exactamente uno de cada tres pesos cotizados en forma obligatoria desde los inicios del sistema.

A pesar de las denuncias reiteradas respecto del costo escandaloso de la referida administración privada, las que provienen de todo el espectro político, el lobby de la industria ha sido capaz de impedir hasta el momento cualquier medida efectiva de control de costos. Por ejemplo, a pesar que la afiliación al sistema es obligatoria, la fijación de cobros de administración continúa enteramente entregada a las AFP.

3) A lo largo del último siglo, los mercados financieros mundiales estuvieron la mayor parte del tiempo a pérdida y rara vez superaron la inflación. Desde el inicio de la actual crisis, los fondos de pensiones chilenos han perdido todo lo ganado a lo largo de un cuarto de siglo.

La crisis ha puesto evidencia que en largo plazo existen largos períodos durante los cuales los mercados financieros mundiales están a pérdida. Dichos períodos, hoy denominados en jerga bursátil "mercados del oso seculares," abarcan más de sesenta de los últimos noventa años. En los tres últimos episodios de este tipo, los precios de las acciones corregidos por inflación demoraron treinta años en recuperar su nivel de 1929, luego veinte años en recuperar el de 1969 y ya van diez años sin que se recuperen los niveles de fines de 1999. 

Por otra parte, considerando estos períodos a la baja, el rendimiento promedio del precio de las acciones en las principales bolsas de valores mundiales desde 1900 hasta fines del 2008 fue de 0,4% promedio real anual en el caso de Londres, que es el mercado más antiguo y maduro, y de 1,7% promedio real anual en el caso de Wall Street, que fue la potencia emergente en ese período. El rendimiento de los bonos del gobierno fue de 1% promedio real anual en ambos casos y el de bonos de empresas de 2,1% en los EE.UU. y 1,4% en el Reino Unido.

En otras palabras, como dice el diario financiero Financial Times de Londres, las inversiones en los mercados financieros "en el largo plazo, con suerte y rara vez, apenas superan la inflación".

De este modo, el sistema chileno de pensiones, que se basó en una rentabilidad promedio anual de 4%, resulta en el largo plazo inviable a la luz de la realidad de los mercados financieros develada por la crisis.

El 25 de julio del 2007 los fondos de pensiones chilenos administrados por las AFP alcanzaron su valor máximo de 53,8 billones de pesos (millones de millones, equivalentes en ese momento a 104.060 millones de dólares). Desde ese día han venido sufriendo vaivenes diarios gigantescos debido a la crisis mundial.

En otras palabras, desde el inicio de la crisis se han alcanzado pérdidas que equivalen a todo lo ganado por el fondo a lo largo de un cuarto de siglo.

Por otra parte, el sistema chileno cuenta con cinco distintas alternativas de inversión, que presentan diferentes proporciones en renta variable y renta fija. Según la información oficial de la Superintendencia de Pensiones, a diciembre del 2008, el 52% de los afiliados chilenos mantienen sus ahorros en los fondos denominados A y B, que están invertidos principalmente en renta variable, cuyas pérdidas máximas han alcanzado al 47% y 36% respectivamente, desde el inicio de la crisis. Por otra parte, más de 300 mil personas próximas a jubilar, que representan alrededor del 40% de los que se encuentran en esta condición, mantienen asimismo sus ahorros en estos fondos y en fondo C, que ha llegado a perder un 27% desde el inicio de la crisis. Mientras solo el 1,7% de los afiliados mantienen sus ahorros en el fondo E, invertido mayormente en renta fija, que no ha mostrado pérdidas en este lapso.

En otras palabras, desde el inicio de la crisis, la mayoría de los afiliados ha llegado a perder entre un tercio y casi la mitad de sus fondos, mientras cerca del 40% de las personas próximas a jubilar han llegado a perder entre más de un cuarto y casi la mitad de sus fondos. Ello significa que sus pensiones esperadas se han visto reducidas en la misma proporción.

En los últimos dos meses las pérdidas se han reducido algo debido al rebote de los mercados financieros mundiales, que en el caso de la bolsa chilena ha sido un 50% superior al de los países desarrollados, en parte por las masivas compras de acciones chilenas que han efectuado las AFP en este período. Sin embargo, los analistas más serios piensan que el actual "mercado secular del oso" no ha topado fondo y que lo más probable es que antes de hacerlo caerá significativamente por debajo de los mínimos alcanzados a principios de marzo del 2009.

Cabe señalar que aún antes de la crisis, las pensiones otorgadas por el sistema privatizado eran ya sustancialmente inferiores a las que obtienen personas de similar trayectoria laboral que lograron permanecer en el sistema público. Ello es especialmente grave en el caso de las mujeres, las que perdieron el derecho que todavía se les reconoce en el sistema público, a jubilar a los 60 años con una pensión calculada del mismo modo que los hombres a los 65, mediante una fórmula sencilla que sólo depende de los sueldos de los últimos años y del número de cotizaciones efectuadas. En el caso de las pensiones AFP, en cambio, si una mujer y un hombre jubilan a la misma edad y con un fondo ahorrado del mismo monto, ella recibe una pensión inferior en alrededor de un 30%, debido a su mayor expectativa de vida. Si Ella jubila a los 60 y él a los 65, la diferencia aumenta a alrededor de la mitad.

Por ejemplo, en el caso real de una mujer, médico, que se cambió a las AFP en 1981 y desde entonces ha venido cotizando de modo ininterrumpido y siempre por el tope legal, la pensión vitalicia que hoy le ofrecía el sistema privado a fines del 2006, es decir, antes de la crisis, era de 423.000 pesos chilenos al mes (aproximadamente 850 dólares mensuales). Si esa misma médico hubiese permanecido en el sistema público, obtendría la pensión tope de dicho sistema, que actualmente es de 970.000 pesos mensuales (poco menos de 2.000 dólares mensuales). Incluso en el caso que se ajuste por la diferencia de contribuciones previsionales, la pensión pública le habría significado alrededor de un 7% menos, es decir, del orden de 900.000 pesos mensuales. En el caso real de un ingeniero hombre casado, que también ha cotizado sin interrupciones y siempre por el tope, la pensión AFP le resulta de 730.000 pesos mensuales.

Si esa era la situación antes de la crisis y en el caso de cotizantes ejemplares que han contribuido sin lagunas y por el monto tope, los que según las cifras de la Superintendencia de Pensiones representan menos del 1% del total de afiliados, bien puede imaginarse cuál es la situación de la abrumadora mayoría, que ha cotizado de modo irregular y por sueldos inferiores al tope legal. Adicionalmente, la crisis les ha significado perder entre un tercio y la mitad de los fondos en la mayoría de los casos.

4) La industria aseguradora privada mundial ha caído en la insolvencia

Más allá de las pérdidas experimentadas por los fondos de pensiones, el sistema chileno privatizado de pensiones se ha tornado inviable por la insolvencia generalizada a nivel mundial de la industria aseguradora, a raíz de la crisis.

Es conocido el caso de la estadounidense AIG, presente en el mercado chileno a través de Interamericana, una de las mayores aseguradoras de la plaza. Esta empresa ha recibido inyecciones de dinero de Tesoro estadounidense que a la fecha superan los 200.000 millones de dólares, y el precio de sus acciones - la mayor parte de las cuales pertenece ahora al gobierno - han caído en más de 98% desde el inicio de la crisis. 

La holandesa ING, por su parte, es propietaria en Chile de AFP Capital, una de las mayores administradoras, la que administra más de un quinto del total de los fondos de pensiones, y a su vez una de las mayores contratantes de rentas vitalicias en Chile. ING ha recibido inyecciones de recursos del gobierno holandés que hasta el momento suman más de 37.000 millones de Euros, y sus acciones han llegado a caer más de un 90% desde el inicio de la crisis. La estadounidense Principal Financial Group ha debido recurrir asimismo a fondos del Tesoro aprovechando que una de sus filiales es un banco. Sus acciones han llegado a perder casi un 90% desde el inicio de la crisis. En el caso de la estadounidense Metlife, la pérdida de valor de sus acciones ha alcanzado hasta un 80% (ver anexo 2).

Las tres últimas empresas mencionadas concentran más del 50% de las pensiones de renta vitalicia contratadas por los afiliados del sistema chileno de AFP. En otras palabras, estas tres empresas se han apoderado de la totalidad de los fondos de pensiones de estas personas, y luego los han perdido en buena medida en especulaciones financieras.

(Descarga en archivo adjunto la presentación chilena ante la OIT, junio de 2009).

Consumerismo y Consumo Responsable en Chile ¿podemos hablar de un nuevo tipo de consumidores?

Mireya Paz Valdebenito

Socióloga U. de Chile

Especialista en Sociología del Consumo

¿Quién no se ha encontrado comprando un producto que ya tiene?, y aún sabiendo que tiene uno similar y con las mismas funciones, anhela y desea profundamente tener uno nuevo, más moderno, con más aplicaciones o simplemente uno estéticamente más atractivo. Y sin pensarlo demasiado, se anima y lo compra de una vez. Y lo generalizable, es que en este caso podemos estar deseando comprarnos una simple chaqueta o un nuevo celular, o bienes más caros como un computador personal o un auto, pues el principio del deseo y la obsolescencia son ampliables a una serie de bienes de consumo masivo.    

Esta imagen, a veces tan cotidiana para muchas personas, da cuenta del consumo como eje articulador de la producción y reproducción social, en tanto, realidad objetiva, material y simbólica, pues el consumo es en sí un fenómeno social total, es el espacio que crea y recrea no sólo las formas de producción de bienes, sino también las identidades de los sujetos y grupos sociales, que produce y reproduce significados, símbolos, mecanismos de distinción, integración y exclusión, entre otros.

El escenario donde ocurren situaciones como la señalada, suelen ser sociedades con una etapa avanzada de desarrollo industrial, o sociedades de consumo, caracterizadas por la producción y consumo masivo de bienes y servicios, con una rápida obsolescencia de los productos, y un acelerado proceso de reemplazo o sustitución y eliminación de los mismos, así como también con una cultura de consumo de masas, con usos, costumbres y procesos de socialización complejos en el marco del consumo.

Estas sociedades de consumo y sus características, son las que mejor dan cuenta del rasgo social más relevante y típico de las sociedades industrializadas modernas, donde la sobreoferta de bienes, requiere la producción de nuevo consumo, más amplio, masivo y frecuente pues necesita de una demanda que se amplíe en lo cuantitativo -adquiriendo más y más seguido, eliminando y remplazando con mayor rapidez- y también en lo cualitativo –a través de la creación constante de nuevas necesidades, deseos y valores de uso de los objetos, donde éstos ya no son reemplazados necesariamente por dejar ser funcionales, sino por dejar de ser atractivos para quien los usa-

La realidad actual, permite conformar un nuevo perfil del consumidor que da cuenta de un sujeto que transita entre la racionalidad e impulsividad sin quedar sólo en un extremo, que actúa con cierto margen de información y libertad de decisión, aún cuando es sujeto y objeto de las estrategias y campañas publicitarias y de marketing, que es ciudadano y consumidor a la vez, que actúa de manera condicionada, pero que también es capaz de reflexionar y tener cierta autonomía. Es un consumidor más complejo, más contradictorio quizás, con más matices y pluralidad de sentidos e interpretaciones. 

En este contexto de constantes cambios y matices, se observan también nuevos fenómenos de interés sociológico. Y aunque es prematuro hablar de una crisis profunda de la sociedad de consumo, o de un movimiento masivo de consumidores empoderados y activos; estamos hoy, ante diversos movimientos de consumidores más reflexivos, concientes y abiertos a cuestionar la legitimidad adquirida por el modelo de consumo de masas.

Estos movimientos de consumidores, rompen los tradicionales esquemas de la teoría sociológica centrada en los movimientos históricos, tales como el movimiento obrero, para ser considerados como movimientos sociales diversos,  con manifestaciones con mayores connotaciones simbólicas y culturales, una organización más flexible e interclasista, y formas de protesta creativas, orientadas a los medios de comunicación como estrategia de difusión más amplia y masiva (Calle, 2000: 15).

Entre estos nuevos fenómenos y movimientos ciudadanos asociados a formas de consumo más racionales, austeras y responsables encontramos por ejemplo el comercio justo, el consumo responsable, las organizaciones de economía solidaria, los bancos de tiempo, el downshifting[1], los freegan[2], ferias de trueque, el comercio de productos reciclados y reutilizados, entre tantas otras iniciativas que están surgiendo y desarrollándose en el mundo y el país. Si bien todas ellas tienen diferencias, y algunas utilizan estrategias más radicales que otras, todas apuntan a cuestionar la legitimidad del modelo de consumo de masas, a través de cambios concretos de sus adherentes en sus estilos de vida, en sus pautas y patrones de consumo, así como en hacer evidente la responsabilidad del consumidor en las consecuencias  ambientales y sociales de sus decisiones y actos  de consumo.

Junto a ello, coinciden en tener más adeptos en grupos sociales con alto capital simbólico y cultural, donde se promueve un consumo más controlado, un ejercicio ciudadano más activo y la generación y utilización de estrategias económicas alternativas. Este hecho, no resulta casual en países como Chile, donde las inequidades socioeconómicas son evidentes, y donde el acceso al capital social y cultural depende de manera muy estrecha de la capacidad económica de los sujetos.

En otro ámbito, aunque bastante relacionado con los movimientos señalados, se encuentra el consumerismo, en tanto, estrategias individuales y colectivas que buscan resguardar los derechos de los consumidores, limitando el poder de la oferta y generando una demanda más informada y activa. El consumerismo como fenómeno y acción colectiva, se enmarca en un conjunto de valores, que “sin negar la racionalidad básica del mercado tratan de evitar, en un primer alcance: el fraude en la relación de compraventa, y, en un segundo nivel, toda práctica de consumo que suponga un riesgo de cualquier tipo para el comprador en particular y para la sociedad en su conjunto; impidiendo con ello el abuso de la posición de dominio en el mercado que puede tener un determinado productor o distribuidor” (Alonso, 2002: 2).

A nivel local y regional el consumerismo y las organizaciones de consumidores, son aún iniciativas tímidas y poco masivas, sin embargo, cuentan con una historia dilatada en Europa y Estados Unidos.  En América Latina y Chile, a partir de la década del 90’ comienzan a surgir algunas organizaciones consumeristas, sin embargo, aún son poco frecuentes y poco masivos los movimientos de este tipo en la región.

En Chile, existen cerca de 50 agrupaciones de consumidores, concentradas principalmente en la Región Metropolitana. Las organizaciones locales tienen una serie de características compartidas con las agrupaciones de otros países, sin embargo, presentan ciertas contradicciones o paradojas que las hacen particularmente interesantes de analizar.

En primer lugar, la mayor parte de estas organizaciones señalan ser por definición multiclasistas, sin embargo, no logran articular una base social amplia que las fortalezca, y por el contrario, tienen una base de apoyo restringida principalmente a las clases medias instruidas, sin lograr acaparar la atención y acción de los sectores pobres ni ricos. Por otro lado, señalan ser independientes del Estado, sin embargo, se financian en una parte importante con fondos concursables estatales en el seno del SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor), lo que por cierto, constituye la limitación más grave de su capacidad de acción colectiva autónoma. Junto a lo anterior, centran su discurso en reclamar al Estado mayor supervisión y regulación, sin concentrar esfuerzos en demandar al mercado, que es el actor involucrado directamente en resolver dichos conflictos, ni tampoco en potenciar la construcción de una sociedad civil robusta y eficaz, que vaya más allá de solicitar ayudas y fiscalizaciones estatales.

En este punto, el consumerismo en Chile tiene en común con las organizaciones de consumidores a nivel mundial, el hecho que no orientan sus críticas al sistema económico, sino que a “la ausencia de una conciencia ciudadana que lidere los procesos de ajuste necesario del modelo para hacerlo más amable y confiable” (Zamorano, 2006). Junto a ello, buscan hacer al Estado la institución garante de los derechos de los consumidores, pues su meta no es cambiar el sistema económico, sino sólo corregir las imperfecciones que el Estado no ha sido capaz de controlar y regular.

Es este último punto en particular, el que distingue los objetivos y formas de articulación de los movimientos consumeristas, de otros movimientos de consumidores como el consumo responsable o el comercio justo, sólo por mencionar dos de ellos, que en general, buscan generar una nueva forma de ciudadanía en el marco del rol como consumidores-ciudadanos, y concebir estrategias de consumo y estilos de vida alternativos, a los que el modelo económico fomenta.

En este ámbito, emerge el consumo responsable como una nueva forma de ser consumidores y ciudadanos en el marco del desgaste de las habituales formas de relación entre las estructuras de reproducción material de la sociedad de consumo y las posiciones sociales de los consumidores, que a diferencia del movimiento consumerista, no busca responsabilizar al Estado, sino que pone el acento en el actuar de los propios sujetos, que cuestiona directamente la legitimidad adquirida por el modelo de consumo de masas, y que promueve un modelo de desarrollo sostenible focalizado en la responsabilidad individual y colectiva en los procesos de producción y consumo.

Es aquí entonces, donde el concepto de desarrollo sostenible, como actividad humana de transformación de los recursos compatible con la preservación del medio ambiente, se cruza con la noción de consumo responsable, pues exige cambios en dos ámbitos: la producción y el consumo, en particular, una producción sostenible y un consumo responsable.

He aquí entonces donde surge el debate sobre la sociedad que deseamos construir, y el grado de participación política y ciudadana que estamos dispuestos de manera individual y colectiva a incorporar en nuestras decisiones y actos de consumo.  

Para ello, resulta positivo comenzar con la generación de espacios adecuados para la reflexión sobre la materia, desde la vida cotidiana, la política, educación, el derecho, los medios y la sociedad civil en su conjunto. Instancias de reflexión que busquen promover la creación y articulación de una conciencia de consumidor-ciudadano, que se base en la construcción cultural de una relación sostenible entre población, medio ambiente y consumo, y que a su vez, se centre en la persona humana y le permita acceder a condiciones de vida dignas.

El hijo del hormigón

Jorge Inzunza H.

Programa Equipo Psicología y Educación

FACSO, Universidad de Chile 

Hace una semana, una vecina se asomó a uno de los balcones del edificio y gritó con fuerza hacia el frente: “Inconscientes!, Miren la polvareda que levantan!”… unos minutos mas tarde, otra vecina se sumo a la desesperación: “Mojen al menos!”. Desde agosto de 2007 hasta hoy, se han completado 16 meses de construcción de un nuevo edificio en el barrio Santa Isabel… y aquellos gritos, son aquellos que nacen de la profunda y amnésica voz de la ciudad de Santiago.

La destrucción y homogenización en altura del centro de la capital, contrasta con el celo con que se conservan muchas ciudades de provincia o del resto del mundo. Como todo, la ciudad registra en cada calle, casa, plaza, vereda y muro, el paso de los años, de la vida e historia de un pueblo. Por consiguiente cada buldózer, grúa y martillazo, representa la inconsciente maquinación sobre nuestros recuerdos.

La guerrilla visual está desatada. Cada edificio despierta imágenes dormidas. Los murales crecen al mismo ritmo que las propagandas de piscinas en el último piso, gimnasios, logias, wi fi, aparatos de purificación de aire… El mural se opone con su energía viva, creativa y pasajera a la caída de las viejas y hermosas casitas de un piso.

El ruido invasor del negociado de la destrucción de las empresas constructoras, que de seguro se han encargado de tratar bien a las autoridades municipales, se ha transformado en el latido diario entre 8 y 18 horas… y sólo de nuestra aspiración de barrio nos quedan los escombros, polvo… calles ensanchadas, mayor hacinamiento automovilístico… y plazas publicas abandonadas que compiten frente a los patios privatizados de las “Comunidades”.

Creo que debemos pensar la ciudad y su crecimiento a escala humana. Los vecinos, y mis vecinas en particular que ya no tendrán sol durante las mañanas, tienen mucho que decir ante estos nuevos proyectos. Como siempre la democracia podría ser un buen remedio ante la desmesura lucrativa.

La concentración de riqueza en la región

Por Andrés Oppenheimer

(18/08/08)

MIAMI.- ¡Qué notable! Los ricos en América latina se están enriqueciendo más rápidamente que sus pares en todas las demás regiones del mundo y ya han acumulado US$ 6, 2 billones en valores financieros, sin contar sus casas ni colecciones de arte.

Según el Informe Mundial de la Riqueza 2008, realizado por Capgemini y  Merrill Lynch, en los últimos tres años los individuos más acaudalados de América latina incrementaron su fortuna en un 20,4 por ciento. Comparativamente, los ricos de los países petroleros de Medio Oriente vieron aumentar sus cuentas bancarias en un 17,5 por ciento en el mismo período, en Africa un 15 por ciento, en Asia un 12,5 por ciento, en Europa un 5,3 por ciento y en Estados Unidos un 4,4 por ciento.

El estudio, basado en información de varias empresas internacionales de administración de valores, dice que el aumento de la riqueza de los individuos más acaudalados de América latina se debe en gran medida al aumento de los precios de las materias primas.

Ileana van der Linde, vocera de Capgemini, me dijo que los ricos latinoamericanos que más vieron crecer sus fortunas fueron los de Brasil, Venezuela y Chile.

Otros hallazgos del estudio:

La riqueza total de los ricos latinoamericanos, definidos como las personas que tienen más de un millón de dólares en ahorros líquidos, excluyendo bienes coleccionables y residencias primarias, aumentó de US$ 4,2 billones en 2005 a US$ 6, 2 billones en 2007.

La riqueza de los ricos latinoamericanos seguirá aumentando en los próximos años, para alcanzar los US$ 10,3 billones en 2012. Esto implica que el total de la riqueza de los ricos de la región crecerá un 10,8 por ciento anual, comparado con la tasa mundial de 7,7 por ciento.

Con respecto a los "ultrarricos”, definidos como las personas que tienen más de 30 millones de dólares en ahorros disponibles, sin contar colecciones de arte ni residencias primarias, América latina es la región de mayor concentración de riqueza del mundo. Alrededor del 2,5
por ciento de los ricos de la región son "ultrarricos”, comparado con el 2 por ciento en África y el 1,1 por ciento en Medio Oriente.

A diferencia del año pasado, cuando el informe reveló que los ricos latinoamericanos son los menos generosos de su clase en todo el mundo, el estudio de este año no hace referencia a las donaciones.

El informe de 2007 decía que mientras los ricos latinoamericanos destinan sólo el 3 por ciento de sus valores financieros a obras de caridad, los ricos en Medio Oriente donan el 8 por ciento de su riqueza y los estadounidenses, el 12 por ciento.

En ese momento, señalamos en esta columna que si bien esas cifras tal vez no sean totalmente fiables (muchos magnates latinoamericanos hacen donaciones en forma confidencial, porque temen que la publicidad los haga víctimas de secuestros), de todas maneras generan serias dudas sobre la generosidad de los ricos de la región. El informe toca temas diferentes cada año, y el de 2008 se centra en las inversiones ecológicas.

El estudio sale a la luz poco después de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) reveló en un estudio que la clase media latinoamericana es proporcionalmente más pequeña que el promedio mundial. Representa el 57 por ciento del ingreso latinoamericano, comparado con un promedio del 62 por ciento de la clase media a escala mundial.

"Es claramente preocupante, afirma el economista de la Cepal Andrés Solimano. "En muchos países puede crearse un pequeña clase con un poder político desproporcionado, lo que atenta contra la filosofía de un sistema democrático en que cada persona cuenta igual".

Mi opinión: la creciente concentración de la riqueza en América Latina debería hacer sonar campanas de alerta. Indica que los cinco últimos años de crecimiento económico de la región no se han traducido en la creación de una nueva clase media de decenas de millones de pequeños emprendedores, sino que más bien sirvieron para que los muy ricos se enriquecieran aún más.

¿Qué hacer al respecto? Encolerizarse y culpar a los ricos sólo empeoraría las cosas: los más ricos pondrían aún más dinero en bancos extranjeros e invertirían menos en sus países, lo cual aumentaría el desempleo y la pobreza.

Pero resulta claro que no se ha hecho lo suficiente para promover la creación de pequeñas empresas y expandir la clase media. En vez de ostentar el récord de concentración de riqueza, la región debería esforzarse por tener un mayor número de individuos moderadamente ricos,
y mucho menos pobres.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1041051

 Mireya Valdebenito V.

La fuerte oferta de créditos en el mercado se acrecienta en esta fecha con un bombardeo publicitario ...   más »