Pobres trabalham o dobro dos ricos para pagar impostos

02/07/2009

www.mst.org.br

Esse é o resultado do estudo Receita pública: quem paga e como se gasta no Brasil, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O estudo, fruto de um convênio assinado entre o Ipea e a Receita Federal, calculou que os brasileiros mais pobres têm de trabalhar durante 197 dias do ano para pagar os tributos cobrados pela União, Estados e Municípios. É quase o dobro dos 106 dias de esforço exigido dos brasileiros mais ricos do País, que ganham acima de 30 salários mínimos.

Com base no Sistema de Contas Nacionais do IBGE, a renda nacional pode ser dividida em rendimento dos proprietários (empregador e conta própria) e dos não-proprietários (empregados). Entre os proprietários, a incidência de tributos corresponde a 13,6% da renda. Já entre os não-proprietários, é equivalente a 24,4% da renda.

Segundo o presidente do Instituto, o professor Marcio Pochmann, os trabalhadores tem uma carga tributária 78% maior do que a dos patrões. De forma contraditória, quem tem menos dinheiro paga mais imposto aos cofres da União. De acordo com o estudo, quem recebe até cinco salários mínimos tem carga tributária superior à média do País.

A maior parcela dos gastos da população de baixa renda é com itens básicos como alimentação, habitação e transporte. No entanto, a maior parte do dinheiro arrecadado com os impostos não é gasto com esses itens. A maior verba é destinada pela União aos setores da previdência social, educação e saúde e com o pagamento de juros.

A pesquisa não tem como prever a quantia da arrecadação desviada em esquemas de corrupção.
(Com informações da Agência Envolverde e Radioagência NP)

Les « émeutes de la faim » : une lecture (géo-politique) du changement (social)

Pierre Janin

(30 juin 2009 )

http://www.cetri.be/spip.php?article1247&lang=fr

Golpe de Estado en Honduras: el secuestro de una democracia

Jorge Inzunza H.

Programa EPE - FACSO U. de Chile

Hoy 28 de junio a las 03:00 am, se ha producido un golpe de estado en Honduras por parte de parte de las fuerzas armadas de ese país. En la acción el presidente electo Manuel Zelaya el pasado 15 de marzo fue secuestrado, llevado a un terminal aéreo y expulsado del país, sin destino conocido hasta el momento.  El presidente venía anunciando la tentativa de golpe esta misma semana, la cual pretendía impedir la votación del pueblo hondureño  para generar una Asamblea Constituyente. Urge el rechazo de la comunidad internacional. A continuación se transcribe una noticia que describe las tensiones anteriores a este golpe, que lamentable han desembocado en la imposición de la fuerza de los sectores oligarcas de ese país.

Proceso de golpe de Estado en Honduras

http://www.diariocolatino.com/es/20090626/editorial/68358/

26 de junio de 2009

El Presidente de la hermana República de Honduras, Manuel Zelaya, denunció, la noche del miércoles, la puesta en marcha de un “proceso de golpe de estado”, en el que, estaría involucrada la oligarquía y miembros de la Fuerza Armada.

Honduras, bajo el gobierno del Presidente Zelaya, ha llevado al hermano país, a nuevos proceso políticos, económicos y sociales, con visiones muy democráticas y progresistas. Quizá podríamos decir, bastante en la lógica de la izquierda.

De hecho, en Centro América, antes de que la izquierda salvadoreña triunfara en las elecciones del 15 de marzo pasado, con los sandinistas, en Nicaragua, eran nuestros referentes de gobiernos de izquierda en la región.

Zelaya, no sólo se reveló al temido imperio de los Estados Unidos, comandado por George W. Bush, pues, entabló relaciones diplomáticas con Cuba, sino que también, se sumó al Alba, un proyecto político, económico y social desde la perspectiva bolivariana.

Uno de los procesos democráticos de avanzada de Zelaya es la consulta popular prevista para el domingo próximo, y que le ha causado los problemas de tensión y peligro, aquí comentados. El Presidente Zelaya promueve la realización, el próximo domingo, de una encuesta nacional en favor de la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales del 29 de noviembre -junto a las urnas para elegir presidente, diputados y alcaldes- para que se decida si se convoca a una Asamblea Constituyente que apruebe una nueva Constitución.

Ante la negativa de los jerarcas del ejército en la distribución del material logístico para la consulta popular, el mandatario destituyó, como era lógico, al Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, y aceptó la renuncia de su ministro de Defensa, Edmundo Orellana.

Inmediatamente, la Corte Suprema de Justicia, en claro desafío al poder constitucional,  ordenó la restitución del militar desobediente.

Tanto el accionar del jerarca militar, como de la Corte Suprema de Justicia, sin lugar a dudas, responden a los intereses de la oligarquía hondureña, que ve con temor ciego, los avances democráticos en Honduras.

Y es que para los sectores oligárquicos centroamericanos, los procedimientos de la democracia participativa, son hoy, en los inicios del siglo XXI, una amenaza tan parecida o peor, que el “fantasma del comunismo”.

Esperemos que la voz de alarma del Presidente Hondureño, y de su valiente Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Roda, provoque la solidaridad de los gobiernos de Centro América y del mundo, para salvaguardar la democracia en el istmo.

Los salvadoreños, debemos estar atentos al mal ejemplo de la oligarquía hondureña, esperemos que detrás de esto no esté la mano peluda de la embajada del norte. 

La irrealidad de los supuestos de la privatización del sistema previsional chileno

CENDA

La privatización del sistema de pensiones chileno en virtud del decreto-ley núm. 3500, de 1980, en su forma enmendada, se basaba en cuatro premisas esenciales:

1.   El dinamismo y estabilidad del mercado laboral permitiría basar las pensiones de toda la fuerza de trabajo exclusivamente en las contribuciones a la seguridad social, sin compromisos adicionales significativos de parte del Estado;

2.   la competencia entre las administradoras privadas aseguraría un servicio de bajo costo y más eficiente que la administración estatal;

3.   los mercados financieros eran capaces de entregar a largo plazo retornos razonablemente estables y significativos, que permitirían capitalizar las contribuciones a la seguridad social a lo largo de la vida activa en un fondo suficiente para cubrir pensiones decentes y superiores a las que ofrecía el sistema público que vino a reemplazar;

4.   la industria privada de seguros tenía la solvencia suficiente como para que al momento de jubilar los afiliados les traspasaran la propiedad de la totalidad de sus ahorros previsionales, a cambio de la promesa de una pensión vitalicia. 

Las cuatro premisas resultaron falsas. Las dos primeras habían quedado descartadas completamente y la tercera de modo significativo, ya antes del inicio de la crisis mundial, fenómeno que vino a confirmar la falacia de todas ellas.

1) La reforma aprobada el 2006 confirmó que la precariedad del mercado laboral dejaba sin pensiones privadas significativas a dos tercios de la fuerza de trabajo.

El 2006, a proposición del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el Estado chileno aprobó una reforma sustancial del sistema previsional privatizado, la cual en esencia estableció pensiones públicas no contributivas, denominadas pensión solidaria y aporte previsional previsional solidario, las que hoy garantizan una pensión mínima a toda la población y complementan las pensiones privadas hasta un determinado nivel. La propia estimación del gobierno es que el 60% de menores ingresos de la población quedará cubierto por la nueva pensión pública.

En el proceso de discusión que precedió la aprobación de esta reforma, se confirmó que el sistema privatizado de pensiones entregaba pensiones inferiores al mínimo establecido por el propio decreto 3.500 que lo creó, a más de la mitad de los afiliados y que más de dos tercios recibía pensiones muy bajas. Por otra parte, la denominada garantía de pensión mínima establecida en el mismo decreto resultaba ineficaz puesto que los que la necesitaban no cumplían los requisitos exigidos para obtenerla.

Las propias estadísticas del sistema de AFP, las que constituyen su único beneficio indiscutible puesto que permiten seguir mes a mes la situación laboral de cada trabajador individual, demostraron que a lo largo de 25 años, el promedio de contribuciones a la seguridad social ha sido asombrosamente bajo: dos tercios de la fuerza de trabajo cotizaron en promedio menos de un mes de cada dos, la mitad menos de un mes de cada tres, un tercio menos de un mes de cada cinco, y un quinto menos de un mes de cada diez. Sólo el 11% de la fuerza de trabajo cotiza regularmente, todos los meses. De este modo, se confirmó que el mercado laboral es extraordinariamente precario. Ello sumado a los bajísimos salarios promedios resultaba en ahorros insuficientes para solventar siquiera pensiones mínimas para la mayoría de la población. 

2) Las AFP y compañías de seguros relacionadas con la revisión se han embolsado uno de cada tres pesos contribuidos por los afiliados desde los inicios del sistema.

La gestión privada del sistema previsional quedó concentrada en cinco administradoras privadas AFP, cuatro de las cuales concentran el 97% de los afiliados y los fondos. Por otra parte, unas pocas compañías de seguros de las cuales las principales pertenecen a los mismos dueños de las AFP concentra todas las pensiones vitalicias. Las principales AFP como las aseguradoras pertenecen a firmas financieras transacionales con casas matrices europeas y estadounidenses.

De acuerdo a las cifras oficiales de la Superintendencia de Pensiones, el balance global del sistema previsional chileno entre 1981 y diciembre del 2006, previo al inicio de la crisis, las cotizaciones obligatorias efectuadas por los afiliados alcanzaron un total de 27,8 billones de pesos chilenos (aproximadamente 56.000 millones de dólares), mientras en el mismo período las comisiones y primas netas embolsadas por las AFP y compañías de seguros relacionadas suman un total de 9,3 billones de pesos (aproximadamente 18.000 millones de dólares). De este total, 4 billones corresponden a comisiones de administración de las AFP y 5,3 billones a primas de compañías de seguros netas de beneficios pagados (ver cuadro 1 en el anexo).

Es decir, las empresas privadas que administran el sistema se han embolsado directamente exactamente uno de cada tres pesos cotizados en forma obligatoria desde los inicios del sistema.

A pesar de las denuncias reiteradas respecto del costo escandaloso de la referida administración privada, las que provienen de todo el espectro político, el lobby de la industria ha sido capaz de impedir hasta el momento cualquier medida efectiva de control de costos. Por ejemplo, a pesar que la afiliación al sistema es obligatoria, la fijación de cobros de administración continúa enteramente entregada a las AFP.

3) A lo largo del último siglo, los mercados financieros mundiales estuvieron la mayor parte del tiempo a pérdida y rara vez superaron la inflación. Desde el inicio de la actual crisis, los fondos de pensiones chilenos han perdido todo lo ganado a lo largo de un cuarto de siglo.

La crisis ha puesto evidencia que en largo plazo existen largos períodos durante los cuales los mercados financieros mundiales están a pérdida. Dichos períodos, hoy denominados en jerga bursátil "mercados del oso seculares," abarcan más de sesenta de los últimos noventa años. En los tres últimos episodios de este tipo, los precios de las acciones corregidos por inflación demoraron treinta años en recuperar su nivel de 1929, luego veinte años en recuperar el de 1969 y ya van diez años sin que se recuperen los niveles de fines de 1999. 

Por otra parte, considerando estos períodos a la baja, el rendimiento promedio del precio de las acciones en las principales bolsas de valores mundiales desde 1900 hasta fines del 2008 fue de 0,4% promedio real anual en el caso de Londres, que es el mercado más antiguo y maduro, y de 1,7% promedio real anual en el caso de Wall Street, que fue la potencia emergente en ese período. El rendimiento de los bonos del gobierno fue de 1% promedio real anual en ambos casos y el de bonos de empresas de 2,1% en los EE.UU. y 1,4% en el Reino Unido.

En otras palabras, como dice el diario financiero Financial Times de Londres, las inversiones en los mercados financieros "en el largo plazo, con suerte y rara vez, apenas superan la inflación".

De este modo, el sistema chileno de pensiones, que se basó en una rentabilidad promedio anual de 4%, resulta en el largo plazo inviable a la luz de la realidad de los mercados financieros develada por la crisis.

El 25 de julio del 2007 los fondos de pensiones chilenos administrados por las AFP alcanzaron su valor máximo de 53,8 billones de pesos (millones de millones, equivalentes en ese momento a 104.060 millones de dólares). Desde ese día han venido sufriendo vaivenes diarios gigantescos debido a la crisis mundial.

En otras palabras, desde el inicio de la crisis se han alcanzado pérdidas que equivalen a todo lo ganado por el fondo a lo largo de un cuarto de siglo.

Por otra parte, el sistema chileno cuenta con cinco distintas alternativas de inversión, que presentan diferentes proporciones en renta variable y renta fija. Según la información oficial de la Superintendencia de Pensiones, a diciembre del 2008, el 52% de los afiliados chilenos mantienen sus ahorros en los fondos denominados A y B, que están invertidos principalmente en renta variable, cuyas pérdidas máximas han alcanzado al 47% y 36% respectivamente, desde el inicio de la crisis. Por otra parte, más de 300 mil personas próximas a jubilar, que representan alrededor del 40% de los que se encuentran en esta condición, mantienen asimismo sus ahorros en estos fondos y en fondo C, que ha llegado a perder un 27% desde el inicio de la crisis. Mientras solo el 1,7% de los afiliados mantienen sus ahorros en el fondo E, invertido mayormente en renta fija, que no ha mostrado pérdidas en este lapso.

En otras palabras, desde el inicio de la crisis, la mayoría de los afiliados ha llegado a perder entre un tercio y casi la mitad de sus fondos, mientras cerca del 40% de las personas próximas a jubilar han llegado a perder entre más de un cuarto y casi la mitad de sus fondos. Ello significa que sus pensiones esperadas se han visto reducidas en la misma proporción.

En los últimos dos meses las pérdidas se han reducido algo debido al rebote de los mercados financieros mundiales, que en el caso de la bolsa chilena ha sido un 50% superior al de los países desarrollados, en parte por las masivas compras de acciones chilenas que han efectuado las AFP en este período. Sin embargo, los analistas más serios piensan que el actual "mercado secular del oso" no ha topado fondo y que lo más probable es que antes de hacerlo caerá significativamente por debajo de los mínimos alcanzados a principios de marzo del 2009.

Cabe señalar que aún antes de la crisis, las pensiones otorgadas por el sistema privatizado eran ya sustancialmente inferiores a las que obtienen personas de similar trayectoria laboral que lograron permanecer en el sistema público. Ello es especialmente grave en el caso de las mujeres, las que perdieron el derecho que todavía se les reconoce en el sistema público, a jubilar a los 60 años con una pensión calculada del mismo modo que los hombres a los 65, mediante una fórmula sencilla que sólo depende de los sueldos de los últimos años y del número de cotizaciones efectuadas. En el caso de las pensiones AFP, en cambio, si una mujer y un hombre jubilan a la misma edad y con un fondo ahorrado del mismo monto, ella recibe una pensión inferior en alrededor de un 30%, debido a su mayor expectativa de vida. Si Ella jubila a los 60 y él a los 65, la diferencia aumenta a alrededor de la mitad.

Por ejemplo, en el caso real de una mujer, médico, que se cambió a las AFP en 1981 y desde entonces ha venido cotizando de modo ininterrumpido y siempre por el tope legal, la pensión vitalicia que hoy le ofrecía el sistema privado a fines del 2006, es decir, antes de la crisis, era de 423.000 pesos chilenos al mes (aproximadamente 850 dólares mensuales). Si esa misma médico hubiese permanecido en el sistema público, obtendría la pensión tope de dicho sistema, que actualmente es de 970.000 pesos mensuales (poco menos de 2.000 dólares mensuales). Incluso en el caso que se ajuste por la diferencia de contribuciones previsionales, la pensión pública le habría significado alrededor de un 7% menos, es decir, del orden de 900.000 pesos mensuales. En el caso real de un ingeniero hombre casado, que también ha cotizado sin interrupciones y siempre por el tope, la pensión AFP le resulta de 730.000 pesos mensuales.

Si esa era la situación antes de la crisis y en el caso de cotizantes ejemplares que han contribuido sin lagunas y por el monto tope, los que según las cifras de la Superintendencia de Pensiones representan menos del 1% del total de afiliados, bien puede imaginarse cuál es la situación de la abrumadora mayoría, que ha cotizado de modo irregular y por sueldos inferiores al tope legal. Adicionalmente, la crisis les ha significado perder entre un tercio y la mitad de los fondos en la mayoría de los casos.

4) La industria aseguradora privada mundial ha caído en la insolvencia

Más allá de las pérdidas experimentadas por los fondos de pensiones, el sistema chileno privatizado de pensiones se ha tornado inviable por la insolvencia generalizada a nivel mundial de la industria aseguradora, a raíz de la crisis.

Es conocido el caso de la estadounidense AIG, presente en el mercado chileno a través de Interamericana, una de las mayores aseguradoras de la plaza. Esta empresa ha recibido inyecciones de dinero de Tesoro estadounidense que a la fecha superan los 200.000 millones de dólares, y el precio de sus acciones - la mayor parte de las cuales pertenece ahora al gobierno - han caído en más de 98% desde el inicio de la crisis. 

La holandesa ING, por su parte, es propietaria en Chile de AFP Capital, una de las mayores administradoras, la que administra más de un quinto del total de los fondos de pensiones, y a su vez una de las mayores contratantes de rentas vitalicias en Chile. ING ha recibido inyecciones de recursos del gobierno holandés que hasta el momento suman más de 37.000 millones de Euros, y sus acciones han llegado a caer más de un 90% desde el inicio de la crisis. La estadounidense Principal Financial Group ha debido recurrir asimismo a fondos del Tesoro aprovechando que una de sus filiales es un banco. Sus acciones han llegado a perder casi un 90% desde el inicio de la crisis. En el caso de la estadounidense Metlife, la pérdida de valor de sus acciones ha alcanzado hasta un 80% (ver anexo 2).

Las tres últimas empresas mencionadas concentran más del 50% de las pensiones de renta vitalicia contratadas por los afiliados del sistema chileno de AFP. En otras palabras, estas tres empresas se han apoderado de la totalidad de los fondos de pensiones de estas personas, y luego los han perdido en buena medida en especulaciones financieras.

(Descarga en archivo adjunto la presentación chilena ante la OIT, junio de 2009).

 El desorden público: Andha y Errázuriz

Programa EPE – FACSO U. De Chile